El 1 de abril marcó el primer día de operaciones del nuevo Ministerio de Seguridad, encabezado por Luis Cordero, en un ambiente cargado de expectativas y controversias. A tempranas horas de la mañana, el ministro, acompañado del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, descubrió la placa que simboliza el inicio de funciones de esta nueva cartera ubicada en Teatinos 220. El gesto simbolizó oficialmente la puesta en marcha de este ministerio, cuyo principal objetivo es el relacionamiento con las fuerzas de seguridad y la prevención del delito.
Para hacer frente a los desafíos políticos, Cordero buscó un acercamiento con los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes (RN) y Manuel Zúñiga (PS) de El Bosque. En este encuentro, el ministro destacó que no había «marcha blanca» para el ministerio, dejando claro que comenzaba a operar con plenas funciones. Sin embargo, pocas horas después de este evento, el gobierno fue blanco de críticas por no haber designado oficialmente a los seremis y por haber optado por interinos en esos cargos clave.
La polémica creció rápidamente, ya que la ley que creó el Ministerio de Seguridad establece que los seremis deben contar con, al menos, tres años de experiencia en temas relacionados con seguridad o prevención del delito, algo que, en muchos casos, los interinos no cumplen. El gobierno, al anunciar a estos funcionarios interinos, desató cuestionamientos, especialmente en los sectores políticos, que ya estaban incómodos por la designación de Cordero, un independiente, al mando del ministerio.
De los 16 seremis nombrados, seis provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), mientras que otros cinco son actuales seremis de Justicia. En varias regiones, los cargos serán ocupados por coordinadores de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, generando un panorama en el que los mismos actores asumen funciones en diversas áreas.
La controversia sobre las designaciones no se limitó a la falta de experiencia en seguridad, sino también a la percepción de improvisación en el gobierno, especialmente en un área tan sensible como la seguridad pública. Legisladores de la oposición, como los diputados Eric Aedo (DC) y Tomás Lagomarsino (PR), criticaron duramente la falta de planificación, lamentando que algunos cargos clave fueran ocupados por interinos. El diputado Andrés Celis (RN) advirtió que esto no solo evidenciaba improvisación, sino también una falta de seriedad en la gestión de crisis en una de las áreas más críticas para el país.
La oposición también llevó el tema a la Contraloría, señalando que los nombramientos en regiones como Arica, RM y Biobío podrían ser ilegales debido a la falta de experiencia de los interinos en seguridad, lo que pone en duda la legalidad de las designaciones, en un momento crucial para la seguridad del país.
